Gran parte de la sociedad argentina desconoce los intereses que están en juego con esta ley, que plantea la protección de nuestros recursos hídricos, la defensa del ecosistema de la cordillera de los Andes, en fin, la protección de nuestros bienes comunes, hoy amenazados por la actividad de la megaminería a cielo abierto. De modo más concreto, detrás del veto de esta ley se halla el interés de la compañía Barrick Gold y del

gobernador prominero de San Juan, J.L.Gioja, de llevar a cabo el proyecto de Pascua-Lama, emplazado en la cordillera de los Andes, entre Chile y Argentina. Este proyecto es, además, el primero de una serie de megaemprendiemientos similares, situados en la región cordillerana, que dañarían de manera irreversible el ecosistema.

¿Cuáles son los ejes de la discusión? En primer lugar, y principalmente, el artículo 2 de la ley vetada establecía que «se entiende por ambiente periglacial el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico». En cambio, en el proyecto promovido por Filmus sólo se protege «dentro del ambiente periglacial, a los glaciares de escombros», esto es a los glaciares ocultos por la roca, pero no al ambiente en general como un ecosistema. El segundo elemento en discusión es qué sucede con los emprendimientos mineros y de otro tipo que actualmente están funcionando sobre glaciares y en ambientes periglaciares. En el texto de Maffei establecía 180 días como máximo para hacer las auditorías ambientales y en función del diagnóstico y «en caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial se ordenará el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan». En cambio, el proyecto Filmus establece en este artículo que la Auditoría Ambiental sobre los emprendimientos actualmente funcionando se realice «en un plazo máximo de

180 días a partir de la culminación del inventario de cada jurisdicción…»

De este modo, con la nueva redacción, la Auditoría Ambiental es facultativa de cada provincia, la que realizará el Inventario de Glaciares que la propia norma establece, pero sin plazos determinados para dicha labor. Es decir, que si una jurisdicción omite o retrasa realizar el Inventario de Glaciares tampoco se realizará la Auditoría Ambiental sobre los proyectos actualmente en ejecución. En suma, de convertirse en ley este proyecto terminaría de legitimar a los presentes emprendimientos mineros que afectan a glaciares y a ambientes periglaciares, justo a la medida de Pascua-Lama y otros futuros emprendimientos.

Más aún, la reciente fotografía de la presidenta Cristina F. de Kirchner, en Canadá, junto a los directivos de la Barrick Gold y los gobernadores pro-mineros, deja a las claras que esta política de transnacionalización de la minería, altamente devastadora y contaminante, se ha convertido en una política de Estado, dispuesta a ignorar las voces de las poblaciones de 12 provincias argentinas, representadas por asambleas socio-ambientales, universitarios y diferentes especialistas, que hoy cuestionan abiertamente la megaminería a cielo abierto.

Desde Voces de Alerta, llamamos a intelectuales, científicos y académicos a pronunciarse en favor de la ley de protección de los glaciares, promovida por la exdiputada Marta Maffei, y clonada por Miguel Bonasso, que prontamente será debatida en el Congreso Nacional.

Maristella Svampa, Norma Giarracca, Mirta Antonelli, Horacio Machado, Andrés Carrasco, Pablo Bergel, Roberto Gargarella, Claudia Korol, Alcira Argumedo.

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