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Ante el reclamo que pobladores y distintas organizaciones de la Región de Aysén, sur de Chile, vienen realizando desde el mes de febrero, el gobierno de ese país ha respondido judicializando y reprimiendo brutalmente. Desde el programa de Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto Social del CIECS (UE-CONICET-UNC), queremos acompañar la acción que muchas organizaciones están realizando en contra de la violencia y la aplicación de la Ley de Seguridad que sufren los pobladores de Puerto Aysén, Puerto Chacabuco, Mañihuales y Villa Amengual. Haciéndonos eco de sus reclamos, y en función de romper el cerco mediático que se instala sobre estos hechos, reproducimos a continuación información y documentos sobre la grave situación que se vive en el hermano país de Chile.
El mapa de la Argentina actual se dibuja cotidianamente con los trazos de la dependencia colonial, y se pinta con los colores monocromáticos de la depredación y la represión. En este sentido, desde distintos lugares hemos denunciado sendos acontecimientos de violencia, y contribuido a reflexionar sobre el alcance y significado de la creciente represión, criminalización y judicialización de la protesta. La detención sufrida por los asambleístas en Santa María, Catamarca, en el marco de la aplicación de la recientemente aprobada “Ley Anti-terrorismo”, constituye un nuevo episodio donde la represión -en todas sus expresiones- se muestra en tanto condición de posibilidad de la expansión de ciertas relaciones sociales y políticas que anteponen los interesas de empresas transnacionales por sobre la “buena vida” de quienes habitamos estos territorios.
Desde el 1 de enero manifestantes de Chilecito y Famatina se encuentran acampando en un corte de ruta en la zona de Alto Carrizal que impide el paso a los operarios, empresarios y funcionarios (también del gobierno) de la minera Osisko Mining Company, corporación canadiense que se dedica a la minería en cielo abierto. La empresa intenta comenzar con los trabajos de exploración en el cerro Famatina que implicaría el uso de miles de kilogramos de explosivos, cianuro y agua potable para la extracción de oro, entre otros minerales. El costo: la destrucción de la montaña y el envenenamiento del agua, el aire y la tierra de toda la región. Son días decisivos ya que si los habitantes mantienen su resistencia podría caerse el convenio que firmó el gobernador kirchnerista Beder Herrera con los canadienses y la empresa debería retirarse como sucedió con la Barrick Gold en el pasado. Invitamos a difundir los documentos que adjuntamos y firmar la solicitada.