Ante el reclamo que pobladores y distintas organizaciones de la Región de Aysén, sur de Chile, vienen realizando desde el mes de febrero, el gobierno de ese país ha respondido judicializando y reprimiendo brutalmente. Desde el programa de Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto Social del CIECS (UE-CONICET-UNC), queremos acompañar la acción que muchas organizaciones están realizando en contra de la violencia y la aplicación de la Ley de Seguridad que sufren los pobladores de Puerto Aysén, Puerto Chacabuco, Mañihuales y Villa Amengual. Haciéndonos eco de sus reclamos, y en función de romper el cerco mediático que se instala sobre estos hechos, reproducimos a continuación información y documentos sobre la grave situación que se vive en el hermano país de Chile.

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El mapa de la Argentina actual se dibuja cotidianamente con los trazos de la dependencia colonial, y se pinta con los colores monocromáticos de la depredación y la represión. En este sentido, desde distintos lugares hemos denunciado sendos acontecimientos de violencia, y contribuido a reflexionar sobre el alcance y significado de la creciente represión, criminalización y judicialización de la protesta. La detención sufrida por los asambleístas en Santa María, Catamarca, en el marco de la aplicación de la recientemente aprobada “Ley Anti-terrorismo”, constituye un nuevo episodio donde la represión -en todas sus expresiones- se muestra en tanto condición de posibilidad de la expansión de ciertas relaciones sociales y políticas que anteponen los interesas de empresas transnacionales por sobre la “buena vida” de quienes habitamos estos territorios.

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La comunidad internacional repudia la ofensiva represiva y violatoria de los derechos humanos que el gobierno de Sebastián Piñera lleva adelante contra el pueblo Mapuche en la zona centro-sur de Chile tras los incendios que han costado la vida a 7 personas y contra los dirigentes del CONFECH, José Ancalao y Diego Manquilef. Mientras a los líderes estudiantiles se los intenta acallar con violencia y acusaciones penales infundadas, Piñeira –en lugar de asumir la responsabilidad que le cabe en las labores de prevención y protección de los bosques y recursos naturales–ha iniciado una ofensiva represiva claramente dirigida contra las comunidades mapuche culpándoles de antemano y sin evidencias de “actos de terrorismo” por los incendios en las Torres del Paine, en la Patagonia chilena.

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